Las afectadas se ven desprotegidas por la Seguridad Social, ya que una vez que son conscientes del tipo de silicona de baja calidad que les han implantado y quieren comprobar en qué estado se encuentran deben acudir a clínicas privadas para someterse a una resonancia magnética. «La sanidad pública no nos cubre los gastos de la prueba porque considera un lujo estas operaciones», manifestaba una de las afectadas.

Una vez decidida a prescindir de los implantes o cambiarlos por otros, cada mujer se enfrenta a un diagnóstico diferente que obliga a los médicos y cirujanos a adoptar una u otra medida. En el caso de Mila Molina, han tenido que retirarle las PIP y colocarle los nuevos implantes en la parte posterior del músculo pectoral, no anterior como se acostumbra, porque había daño en los tejidos. Ahora, el postoperatorio «está siendo el doble de doloroso que la primera vez».

Los casos de quistes y filtraciones de silicona a los ganglios son los que más les asustan, por las dificultades en la cirugía y los riesgos que corren, frente a la opción relativamente sencilla de reemplazar un implante por otro. Ana Isabel Gutiérrez lo sabe bien. Ella se operó tras descubrir por vía privada que el implante derecho estaba roto. En la actualidad, se encuentra de baja y los médicos le han recomendado que, tras permanecer cuatro días con drenajes, no mueva mucho el brazo «para que no se haga líquido» en la zona.

Frente a la sensación de desprotección, los abogados Carlos Frigola y Raquel Sánchez presentarán una demanda en marzo contra las clínicas y los cirujanos que colocaron las prótesis, ya que consideran a ambos «igual de responsables que a Sanidad». La Fiscalía les ha trasladado su intención de investigar, con lo que no descartan que se abran diligencias de oficio y se investigue lo ocurrido ante la posibilidad de un delito contra la salud pública.