El director general de Ràdio Televisión Valenciana (RTVV), José López Jaraba, sigue ocultando toda la información que puede al consejo de administración de la televisión autonómica. Ayer, en una reunión en la que se aprobó, con los únicos votos a favor de los miembros propuestos por el PP, la remodelación del organigrama directivo de la institución, López Jaraba se negó a facilitar a los consejeros la auditoría que elaboró Ernest & Young precisamente tras aprobarlo el consejo de administración. “Nos ha dicho que es un documento interno de la dirección general y que se reserva su uso y su difusión”, aseguró anoche Consuelo Català, vicepresidenta del consejo, del que forma parte a propuesta del PSPV.

En la nueva relación de directivos de RTVV destaca la incorporación de Nuria Romeral, secretaria autonómica de Comunicación en el Consell del expresidente Francisco Camps, que será la directora de Ràdio Nou; y de Fernando Lázaro Quintela, exdirectivo de Intereconomía, que ocupará la nueva dirección de Antena y que se encargará directamente de la parrilla de Canal 9 y del trato con las productoras.

Català criticó la falta de transparencia de la dirección de la cadena y el uso oscurantista de una auditoría que se ha pagado con dinero público. Y por eso votó en contra de las propuestas de Jaraba respecto al organigrama y a los sueldos de los directivos. “Esto es una broma, esto es una falacia”, exclamó, tras ser informados verbalmente de las modificaciones. Así, los miembros del consejo en ningún momento han podido ver por escrito los datos completos de la directiva. Y según sus cálculos, de un cuadro con 123 personas en 2009 se ha pasado a 97, por lo que la reducción es de 26 personas, y no las 41 que anunció RTVV el pasado martes. En ese sentido, siempre segun Català, Jaraba explicó que la dirección de RTVV no solo cuenta a las personas con puestos de dirección sino que en su reducción anunciada (de 153 directivos a 112) incluyen a personas en “puestos de responsabilidad”.

El consejero a propuesta de EU, Guillermo Sampedro, se quejó de que tuvieran que votar “a ciegas” un organigrama del que no saben “ni quiénes son ni qué funciones tienen”, sobre todo cuando sobre la institución pende la amenaza de un expediente de regulación de empleo (ERE). Solo se les han facilitado los nombres de los 14 máximos directivos, “el estado mayor pero no los oficiales”. Y además de exigir la auditoría, criticó el nombramiento de Lázaro Quintela, por su procedencia, y de Romeral, “que no es precisamente un ejemplo de libertad de expresión puesto que fue la que impidió la retransmisión de la dimisión de Camps”.