Los procesados son un sargento que ocupaba el cargo de comandante accidental del puesto, un cabo que ejercía como jefe accidental del área de investigación, un guardia de este departamento y una sargento que dirigía el área del Ciudadano. A esta última la Fiscalía únicamente la acusa de omisión de perseguir delitos y pide para ella nueve meses de inhabilitación. Considera que tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades y no denunció.

Para los demás implicados, el Ministerio Público solicita penas mucho más graves. Así, el comandante accidental afronta 5,5 años de prisión y 10 de inhabilitación. Según la calificación provisional de los hechos, supuestamente se llevó a su casa una Playstation 3 incautada a un delincuente y le dio la orden expresa a unos agentes de que «no la incluyeran» en el inventario de objetos confiscados.

Además, según el escrito de acusación, también llamó a unos agentes que habían realizado una denuncia administrativa por consumo de estupefacientes en el interior de un pub y les dijo que «si podían retirarla ya que el padre del denunciado era amigo suyo». Al no acceder los agentes a su petición, el sargento presuntamente «destruyó o hizo desaparecer el acta de intervención y la sustancia incautada».