Por un lado, la UTE asegura que el Ayuntamiento no ha contestado de forma oficial a varios escritos relacionados con la valoración de las obras. Es decir, el Ayuntamiento marca unos precios, la UTE marca otros y ésta pide al consistorio que deje claro lo que está dispuesto a pagar para fijar un precio final de obra. Por otro lado, la Unión Temporal de Empresas reclama al consistorio más de 440.000 euros por obras no previstas inicialmente en el proyecto original pero que se han ido incorporando a lo largo del desarrollo de las obras. En tercer lugar existe un contencioso presentado por la UTE por los retrasos de las obras. Dicen que la culpa la tiene un presunto boicot de los técnicos del Ayuntamiento por obstaculizar su labor. Es más, la Unión Temporal de Empresas ha recusado a los arquitectos de la oficina técnica, lo que ha sido rechazado por el consistorio.

A estas tres razones, se suman las multas que el Ayuntamiento ha puesto a la empresa por los continuos retrasos, que hacen un total de 120.000 euros, a razón de algo más de 400 euros al mes. Todo esto se ha sumado y ha explotado en el momento de la recepción de las obras, cuando Miguel del Toro se ha negado de forma rotunda a firmar el acta de entrega de las obras. Es más, dice que en este asunto tiene que intervenir el alcalde por entender que lo que se está haciendo con la unión de empresas es una injusticia.