El Gobierno valenciano, que presidía el popular Francisco Camps, pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar tres rascacielos en Valencia que, probablemente, nunca se levantarán.

Así consta en el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha decidido archivar la denuncia que presentaron en marzo pasado varios diputados autonómicos de Esquerra Unida (EU). Unos parlamentarios que consideran que hubo un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat y el arquitecto Santiago Calatrava para diseñar un proyecto urbanístico junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El fiscal no entra a valorar lo que los propios denunciantes tachan de ruinoso contrato, ya que no existe “la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores de ese dinero”. Pero concluye que, al no existir “indicios bastantes de criminalidad” para ningún tipo de infracción penal, archiva las diligencias abiertas.

La fiscalía sí desvela lo que el Gobierno valenciano había ocultado hasta ahora. Es decir, que el Ejecutivo presidido por Francisco Camps abonó “mediante cheques nominativos” 15 millones de euros a Santiago Calatrava a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA). Hasta ahora, el Gobierno valenciano había dado a entender que, aunque el contrato del proyecto era de 15 millones de euros, solo se había desembolsado un anticipo de 2,6 millones de euros.

El despacho de Santiago Calatrava se limitó a señalar ayer: “No vamos a hacer declaraciones al respecto”. Según la relación de pagos remitida por el fiscal, el 30 de septiembre de 2005 Calatrava recibió 2,6 millones de euros de anticipo. El 30 de agosto de 2006 se pagaron 137.000 euros por las maquetas y los planos de las torres. El 30 de marzo el abono fue de 6,2 millones por el segundo plazo de redacción del anteproyecto, y el 28 de febrero de 2007 por el tercer plazo otros 6,2 millones. La suma de todos los conceptos asciende a 15, 2 millones de euros.

La presentación de la maqueta del proyecto tuvo lugar en el Palau de la Generalitat en noviembre de 2004, aunque el contrato no se firmó hasta septiembre de 2005. El diseño incluyó tres torres, de 58, 70 y 80 plantas, y un bloque poligonal de ocho alturas con 112.000 metros cuadrados de uso residencial y 50.500 metros cuadrados de uso terciario.

El diputado de EU Ignacio Blanco reclamó a la Generalitat responsabilidades políticas por el pago de 15 millones de euros a Calatrava por un proyecto que se sabía “prácticamente inviable”.