La Audiencia Provincial ha condenado a 18 años de prisión al violador del Monte Benacantil, el depredador sexual que sembró inoculó el miedo en la colonia femenina latinoamericana de Alicante en octubre del año 2009.

La Sección Tercera de la institución judicial no alberga «ninguna duda» de que es Marco Tulio Aguirre Mosquera, ecuatoriano de 43 años, el individuo que agredió sexualmente a dos chicas argentina y venezolana

El acusado las abordó por la espalda, sin darles oportunidad a que se giraran, y las condujo bajo amenazas a una zona poco transitada de la falda del Castillo de Santa Bárbara para consumar la felonía. En ambas ocasiones utilizó un preservativo para no dejar «ningún vestigio biológico» y a una de ellas llegó, incluso, a limpiarle los genitales.

Tras detenerle, la Policía Nacional encontró en su vivienda el teléfono y la cámara de fotos que había robado a la chica argentina. Fue precisamente el móvil, un código denominado IMEI, el que condujo a los investigadores hasta Aguirre, que activó el aparato con otro número pocos días después de violar a su propietaria.

Los especialistas de los laboratorios policiales no pudieron extraer el ADN del sospechoso porque los restos de espermatozoides recogidos en la compresa que llevaba una de las víctimas no eran suficientes.

Sin embargo, su celo profesional les llevó a realizar una prueba complementaria. Un análisis reveló que los dieciséis marcadores del cromosoma Y que forman el haplotipo STRs coincidían plenamente con los del acusado. Como explicaron los peritos durante la segunda sesión del juicio, esa huella genética «no identifica al individuo, pero sí su linaje». Es decir, o había sido Marco Tulio, o un pariente con el mismo ancestro varón que él.

Además de los 16 años de cárcel por las dos violaciones, Marco Tulio Aguirre, que se declaró inocente durante la vista oral, ha sido condenado a otros dos años por un delito de robo con violencia e intimidación y al pago de 360 euros por dos faltas de lesiones. También deberá indemnizar a cada una de las víctimas con cantidades que superan los 30.000 euros.